Distópica podría ser el mejor adjetivo para calificar la actual realidad colombiana. Aunque apenas han pasado dos meses desde la posesión del actual presidente de la República, sus anuncios y los de sus ministros señalan día tras día un retroceso en materia de derechos y reconocimiento de una nación pluriétnica, multicultural y laica, como lo señala la Constitución de 1991.

Las movilizaciones del pasado 14 de octubre marcaron una protesta en esa línea, más allá de los resultados económicos, que igual parece serán catastróficos, o de su ejecución, casi nula hasta la fecha. Lo que más preocupa hoy tiene que ver con la definición de quiénes son sujetos de derecho en Colombia, quiénes pueden ser protegidos, quiénes pueden ser nombrados y quiénes pueden hacer parte de ese relato de nación, que hoy parece solo reconocer a hombres y mujeres blancas, de alto estrato social, de derecha y bajo creencias religiosas cristianas.

Todos los demás sectores han comenzado a ser borrados del relato nacional. Las niñas, a partir de la directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza de María Carolina Restrepo Cañavera, de priorizar el término “niñez” en las comunicaciones oficiales y dejar de nombrarlas de manera explícita, una decisión que abrió el debate sobre su visibilización y el reconocimiento de las violencias específicas que las afectan. El campesinado, a partir de las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien propuso reemplazar el término “campesinos” por “pequeños empresarios del campo”, con el cual se desconoce el Acto Legislativo 01 de 2023 que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Las y los artistas de ideas progresistas, en medio de la controversia por las declaraciones del director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, sobre figuras como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo. Las personas LGBTIQ+, el feminismo y otras memorias históricas, a raíz del retiro de piezas del Museo Nacional y las declaraciones de la ministra de Cultura, Paola Holguín, sobre el supuesto adoctrinamiento político y lucha en contra de lo woke. Las comunidades indígenas, frente al desconocimiento de organizaciones históricas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Y los derechos sexuales y reproductivos, ante la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra, una alianza internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de promoverlo.

Las 30 obras retiradas del Museo Nacional no son fortuitas, cada una teje y se entrelaza con un sector que desde hace décadas viene luchando y reivindicando su lugar en la sociedad civil colombiana y que ha logrado a partir del derecho y de la movilización su reconocimiento en un relato amplio de nación que quiere ser borrado por este nuevo gobierno.

-Las mujeres, sus derechos y las reivindicaciones de género que durante años de lucha ha emprendido el movimiento feminista, al quitar obras como: Ideales feministas. 1950 (obra literaria). Manifiesto Internacional de la campaña contracepción, aborto y no a la esterilización forzada. 1978 (panfleto). Afiche de la Jornada internacional no a la violencia contra la mujer. Por un día sin violencia ni en la casa ni en el país. 1953 (afiche).  Periódico Nuestras Mujeres. 1955 (periódico).

-Se busca retirar la memoria de las luchas del movimiento LGBTIQ+ en Colombia, uno de los más violentados y cuyas reivindicaciones han sido reconocidas por la Ley de Víctimas en Colombia: Platea. 1973 (fotografía). Campaña publicitaria de la marcha LGBT. 2006 (retablo). Bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo. 2010 (bandera). Rosa Emilia Restrepo y Roberto Durán. 1912 (fotografía). Afiche promocional del Ciclo Rosa en la Cinemateca Distrital. 1988 (afiche). Cuerpos en prisión mentes en acción. 2015 (cartilla). Cartas desde la cárcel. 2002 (manuscrito).  Jano Periódico, n.º 1. 2001 (periódico). Plegable informativo sobre la Corporación Triángulo Negro. (plegable). Revista Ventana Gay, n.º 1. 1980 (revista). Yembé perteneciente a la batucada Toque Lésbico. 2009 (instrumento musical). Marcha de la ciudadanía plena LGBT: Por una Colombia incluyente. El cuerpo: primer territorio de paz. 2004 (fotografía). Camiseta Museo Q. 2006 (camiseta).  Cédula de ciudadanía de Katalina Ángel Ortiz Sánchez. 2017 (cédula).

-También se busca negar la importancia de los procesos de paz, transformaciones democráticas como la propiciada por la séptima papeleta y la importancia histórica de líderes de izquierda como Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro:  Afiche en homenaje a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo. 2010 (afiche). ¡Unión Patriótica iVote el 25 de mayo por Jaime Pardo Leal y las reformas políticas que propone la UP! 1986 (Impreso). Afiche en homenaje a la candidatura presidencial de Carlos Pizarro. 2010 (impreso). Brazalete del partido Alianza Democrática M-19. (brazalete). La séptima papeleta. 1990 (impreso). Bolígrafo con el que se firmó el primer Acuerdo de Paz con las FARC-EP. 2017 (bolígrafo).

-Y la memoria de las víctimas retratada desde lo plástico en obras como: la serie Desenterrando memorias. Historia social del conflicto social y sus Víctimas de Inty Maleywa. Vía crucis, Libertinaje y desorden de Carlos Correa. La nueva bandera colombiana y sus autores de Augusto Rendón Sierra. La muerte de un desconocido de Pedro Alcántara Herrán Martínez.  Gran Pisco No. 2. De Luis Paz. La cosecha de los violentos de Alfonso Quijano Acero. El juicio de Carlos Granada Arango. Espacios vecinos de Umberto Giangrandi. Minería de Antonio José Caro Lopera.

Todo ese ataque aunado a la expedición de decretos que recrudecen las actuaciones de la fuerza pública durante las movilizaciones y la protesta social. Bajo la publicación del Decreto 1525 del 13 de octubre del 2026 que modifica el protocolo de actuación de la fuerza pública en las manifestaciones sociales y entre cuyos puntos plantean la intervención policial directa sin agotar las fases de diálogo, la criminalización del carácter disruptivo de la protesta y las interpretaciones ambiguas del uso de la fuerza. La Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, que elimina la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y crea la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI). De esta manera se comienzan a esbozar ese escenario distópico de represión y de negación de los diferentes sectores sociales y poblacionales en el país.