Hace menos de dos meses el gobierno distrital y nacional anunciaron y siguen anunciando con bombos y platillos la viabilidad financiera de la Avenida Longitudinal de Occidente, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en articulación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Gerencia para Bogotá. El cual plantean como un megaproyecto estratégico que transformará la movilidad del suroccidente y su conexión con el centro de la ciudad.

Desde ese momento las comunidades de la ronda del río Funza, mal conocido como río Bogotá, prendieron las alarmas sobre las afectaciones que traería esta obra, principalmente porque acaba con un corredor de la naturaleza, de las especies y de la vida del territorio. Una obra que no tiene nada que ofrecerle a las y los habitantes del sur, dado que por esas vías solamente transitarán vehículos de carga pesada, que contaminarán aún más, y que no mejorarán en nada las dificultades de movilidad.

Además, su ejecución implica generar excavaciones, remociones y frentes de obra en el relleno o botadero Gibraltar donde se han dispuesto residuos hospitalarios, metales pesados y lixiviados. A esto se le suma la readecuación de las celdas de los lodos residuales de la PTAR Salitre en el predio La Magdalena, lo cual aumenta la contaminación del aire. Una serie de acciones que afectan la salud de quienes habitan en esta zona cercana a la ronda y que profundizan el riesgo, al contemplar  la tala de más de mil árboles que son una barrera natural de control de estas emanaciones, resultado de las frívolas decisiones de las empresas de la ciudad y de su administración.

Más que una tala de árboles, un atentado a las vidas del sur

La tala proyectada y en ejecución, asciende a aproximadamente 1.300 árboles que no se limitan al ecosistema La Magdalena, sino que se extiende a lo largo de todo el trazado de la ALO Tramo Sur, comprendiendo las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón (con afectación específica en los sectores de Tintal, Tierra Buena y Patio Bonito), entre otros sectores del corredor vial. Esto debería obligar al concesionario de la obra a crear un Plan de Compensación Ecológica que contemple una reforestación diferenciada en cada sector y una evidencia de que el proyecto se compromete a garantizar de manera integral la conectividad ecológica de todo el suroccidente de Bogotá.

Pero la realidad frente a este ecocidio es otra: el concesionario ya ha informado que la compensación ecológica, es decir, la reforestación del bosque y de estos ecosistemas se realizará en diferentes municipios de Cundinamarca, dejando a las comunidades aún más expuestas a la contaminación del aire, que ya está que está por encima del promedio, adicional a todo el material particulado y peligroso resultado de la construcción de la obra y el material nuevo debido al tránsito de carga pesada por este corredor. 

Además de los árboles y de la calidad del aire, está la afectación a la fauna que allí se encuentra, aves, reptiles, roedores e insectos, un corredor ecológico de gran importancia en el que se han registrado cerca de 70 especies de aves, entre ellas, una docena de aves rapaces, algunas poco frecuentes en la ciudad y varias catalogadas en algún grado de vulnerabilidad, lo que evidencia la importancia ecológica y ambiental del sector.

Pero estas relaciones no son sólo ecológicas, son también bioculturales, en este corredor diferentes grupos y habitantes se encuentran para desarrollar ejercicios de memoria, reconocimiento, apropiación y defensa del territorio. Allí, las comunidades han establecido una relación de cuidado, desde el ejercicio de la observación e identificación de especies, pero también de preservación, por ejemplo, de la flora nativa por parte de las comunidades muiscas y su relación con el agua.

No obstante, el concesionario ALO Sur no contempla, dentro de sus diagnósticos el esquema de alternativas y compensaciones del proyecto, después de terminada la obra, medidas dirigidas a reconocer, proteger o compensar los valores sociales, culturales y comunitarios asociados a este espacio, desconociendo la importancia que este corredor representa para la comunidad y para la conservación y apropiación del patrimonio ambiental del territorio.

Una obra sin participación ni socialización

La comunidad del corredor Techotiba, a través de procesos comunitarios como Barrios Ronda del Río, las Juntas de Acción Comunal de los barrios Palmitas y Acacias, la comunidad educativa de la Universidad Pública de Kennedy y la comunidad Muysca Xikuyka Funzá Zepkuaskua Obasuka, han realizado múltiples citaciones y solicitudes de mesas de trabajo dirigidas a la ANLA, a la ANI, a la CAR y al consorcio concesionario del proyecto ALO Sur, con el fin de que estas entidades expusieran ante la comunidad los impactos del proyecto sobre la calidad del aire y la salud, antes, durante y después de su ejecución, así como sobre las actividades de tala de arbolado. Pese a dichas convocatorias, únicamente ha asistido el consorcio ALO Sur, sin que la ANLA, la ANI ni la CAR comparecieran a rendir cuentas ante la comunidad. Aún en el espacio donde sí hubo interlocución con el consorcio, este no socializó información real y sustantiva sobre las afectaciones a la calidad del aire asociadas al proyecto, ni informó a la comunidad sobre las actividades de tala de árboles ni sobre sus efectos.

Esta omisión evidencia una falta de mecanismos efectivos de participación, transparencia y rendición de cuentas tanto por parte de las autoridades ambientales y de infraestructura como del propio concesionario frente a la comunidad afectada.

Además, demuestra el desprecio de las administraciones nacional y distrital y de los operadores urbanos y privados por las vidas que en la ronda del río coexisten. Las de las especies que fallecerán o que tendrán que migrar; pero también las de las personas que estarán mucho más vulnerables a enfermedades respiratorias y a partículas cancerígenas debido a esta obra.

NO A LA VÍA, SÍ A LA VIDA Y A LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE EN DEFENSA DEL TERRITORIO.