En tres años, aún no hemos comprendido qué entiende el Gobierno Duque por cultura, algunas señales ha dado al invitar a su programa a figuras como Yatra, Jessi Uribe o Paola Jara, una oferta tan repetitiva, limitada y monótona como su mismo programa diario de “Prevención y acción”. Sin embargo, no podemos olvidar que desde su cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue Duque quien comenzó a darle forma a este modelo que hoy se replica en países como México, Argentina, Perú y Uruguay y que se denomina como economía naranja.

Básicamente, lo que busca la economía naranja es convertir al sector cultura en un sector competitivo y rentable para la economía del país, la idea no suena nada mal, lo que sí está mal es la manera de llevarla a cabo. Hay dos modelos que preocupan bastante, especialmente porque desde el año pasado la economía naranja viene tomando más fuerza y empieza a esbozar una forma de apoyo y financiación al sector cultura que además de desigual, termina siendo despiadada con las pequeñas industrias culturales, las emergentes y las comunitarias.

1. El caso más preocupante es de los proyectos Cocrea. Desde la figura mixta la corporación Cocrea, gracias al Decreto 697, se convirtió en la entidad encargada de evaluar la viabilidad de los proyectos culturales, creativos y artísticos que pasarán a ser financiados por la empresa privada y que le garantiza a esta última un beneficio tributario del 165% de deducción. La presentación de estos proyectos se da en tres modalidades. Los proyectos del Bancocrea: son aquellos que buscan un aportante que invierta o que done. Los proyectos Cocreemos: son aquellas Mipymes que se van a desarrollar con recursos propios. Los proyectos Cocrecer: son los que tenían a sus aportantes definidos desde la formulación y postulación a la convocatoria. El modelo es totalmente nuevo en el país, a grandes rasgos se puede afirmar que lo que hizo el gobierno fue legislar para que una corporación mixta que tiene como socios al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Comercio, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Comfama y a la Universidad Jorge Tadeo evaluara los proyectos y publicaran aquellos que obtuvieran un puntaje mayor de 80 puntos para que sean revisados y seleccionados por las empresas, que de entrada ganan gracias a los beneficios tributarios que reciben.

Entonces ¿Qué es lo que está mal? Por un lado, las exenciones no se aplican a los proyectos ni a las entidades culturales, que por el contrario, deben entregarle el 3% del aporte o la donación a Cocrea, supuestamente por cuestiones de trámites, sumados al pago de retenciones e impuestos, además, desconoce por completo la realidad de iniciativas emergentes y las que se crean fuera de la clase alta de este país, esas que no conocen empresarios y que poco saben de financiación, es decir, las que no pueden entrar en Cocreemos o en Cocrecer, que ya son bastante excluyentes; con Bancocrea no es muy diferente la situación, si se revisa por ejemplo los proyectos que se presentaron en la primera versión, en el segundo semestre del 2020, es muy evidente la pelea de tigre con burro amarrado, donde medios de comunicación como el Malpensante, festivales como el Estéreo Picnic, agrupaciones como Puerto Candelaria y entidades como el MAMBO y Cafam, piden millones, miles de millones de pesos para el desarrollo de sus proyectos, no requiere de mucho análisis el darse cuenta que la empresa privada va a preferir invertir en ese tipo de iniciativas reconocidas que les garantizan publicidad y visibilidad, que en el proyecto de clown del barrio, en el festival de cine comunitario o en la biblioteca itinerante. Lo más claro de la situación es que el sector cultura se está articulando con las empresas privadas, con las cámaras de comercio, con los empresarios y no con los artistas, con los gestores culturales y con las personas directamente afectadas por este tipo de decisiones gubernamentales y legales que pueden dejar al sector cultura en manos de los privados y totalmente desfinanciado por el Estado.

2. La exención de renta por 7 años es otro de los modelos de la economía naranja que tenía proyectado beneficiar a 45.000 empresas del sector cultura, que no existen en Colombia, y que llevaron al viceministro de la Economía Naranja a rectificar que realmente existían 7.447, de las cuales solo 188 cumplían con los requisitos que exigía el gobierno para entrar en la exención y que solamente 84 empresas aceptaron. Pero la situación no preocupa en nada al gobierno, más de un año después de abierta esta posibilidad de exención no se han replanteado las condiciones, que exigen que las empresas garanticen una inversión mínima de 4.400 UVT, equivalente a $156 millones, en máximo tres años, relacionada con adquisición de propiedad, planta y equipo, y/o activos intangibles. De igual manera, deben generar un mínimo de 3 empleos.

Todas estas medidas dejan claro que ni el gobierno ni los ministerios comprenden las formas complejas y altamente desfinanciadas que tiene la cultura en Colombia. Lo único que esperamos es que esta pesadilla naranja se acabe cuando termine este gobierno y que no se convierta en un nuevo modelo de gestión de los recursos destinados a la cultura en Colombia.