Dijo la maestra bell hooks, feminista negra: “para educar como práctica de la libertad, tenemos que lidiar con la realidad de que la enseñanza no es neutral. El aula es un espacio de resistencia y de transformación radical”. Años antes, Paulo Freire afirmaba: “la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es una de las virtudes exigibles al educador (…) No puedo pronunciar discursos sobre la libertad y, al mismo tiempo, practicar la opresión o apoyar estructuras que la perpetúan”. Ambos coinciden en reconocer el carácter político de la educación concebida como una práctica de la libertad: un acto de compromiso permanente por la transformación de las realidades inequitativas, injustas y por demás crueles que nos han permeado como sociedad.

Soy maestra y creo profundamente en el potencial político de la educación. Debemos, maestros y maestras, educar desde el respeto, el amor, la empatía y la conciencia de clase; es esta última la que debemos afrontar de manera constructiva para develar en la cotidianidad cómo el modelo educativo y la sociedad misma están construidos sobre una serie de privilegios. En tal sentido, y siendo este el motor para escribir estas palabras, resulta imperdonable que maestrxs, coordinadores y rectores —todos quienes transitaron por las aulas con la intención de educar seres humanos con propósito— votaran en esta última contienda electoral por el candidato de la ultraderecha colombiana, Abelardo de la Espriella. Y es que no solamente votaron, sino que celebraron en desfiles, grupos de WhatsApp y otras redes sociales el triunfo de esta amenaza colectiva.

Sostengo que es imperdonable porque, si nuestra labor es educar, constituye un contrasentido absoluto apostar por alguien a quien no le interesa la educación; alguien que ha propuesto un modelo de privatización a través del respaldo a los bonos escolares; incluso ha anunciado el desconocimiento de FECODE y la imposición rigurosa de la religión católica en las aulas. Es imperdonable que los maestros consideraran una opción que no solamente pretende socavar las garantías mínimas asociadas al sostenimiento de la educación pública, sino también limitar nuestro ejercicio sindical, ceñirnos a la lógica del mercado y reafirmar prácticas machistas en toda la sociedad colombiana.

Yo, siendo maestra de un territorio fuertemente golpeado por la violencia, pero también baluarte de las luchas agrarias del país, me niego a perdonar a los maestros que, negados al diálogo, sostuvieron arengas como: “Cepeda guerrillero” o “¿Cómo vamos a votar por alguien que no sabe leer?”. Me niego a perdonar que consideren que debemos educar esperando a que nuestros niños y niñas salgan del colegio —o peor aún, que ni siquiera vuelvan a él— porque los involucran en una guerra que, en definitiva, no es del pueblo.

Es imperdonable que los maestros y maestras olvidemos la recientemente recordada Marcha del Hambre, esa gesta histórica de 1966 en la que miles de docentes caminaron cientos de kilómetros desde Santa Marta hasta la capital del país, desafiando el olvido estatal y el desgaste físico para exigirle al gobierno no solamente garantías laborales justas y salarios dignos, sino también una discusión pedagógica seria, profunda y soberana sobre las deficiencias de nuestro modelo de educación nacional. Olvidar los pasos, las ampollas y la dignidad de quienes nos precedieron en el asfalto es borrar de un plumazo nuestra propia identidad de lucha. Y no, definitivamente nuestro quehacer no se puede reducir al conformismo del fin de mes, al cumplimiento mecánico de un formato o a la mera garantía del salario depositado en la cuenta bancaria. Si permitimos que nuestra labor se mercantilice y se reduzca únicamente a la supervivencia económica, despojándola de su mística, de su memoria y de su compromiso social, solo nos queda concluir con amargura que la escuela ha sido domesticada. Que no, que nuestra educación ha claudicado y que, bajo ninguna circunstancia, está siendo una verdadera práctica de la libertad.

Somos plenamente conscientes, aquellos maestros y maestras que le apostamos sin vacilar a la defensa de la vida en las comunidades y que votamos con convicción por la continuidad del proyecto político del cambio, que el panorama que se vislumbra de aquí en adelante no nos permitirá el descanso, sino que nos exigirá redoblar esfuerzos éticos y colectivos. Lo que viene para el movimiento pedagógico no es otra cosa que el retorno con más fuerza a la movilización social, a la organización de base desde las escuelas y a la lucha constante en las calles y en las aulas para blindar lo público. Bien sabemos, al revisar la historia de la educación en Colombia, que absolutamente nada de lo que hoy gozamos como magisterio —desde la estabilidad laboral hasta el derecho a disentir— nos ha sido regalado por las élites en el poder; cada derecho ha sido arrancado a pulso, con sacrificio y con la resistencia de generaciones enteras. Por esto mismo, frente a esa memoria viva que late en cada escuela rural y urbana, sigue siendo profundamente imperdonable, dolorosamente ahistórico y absolutamente carente de argumentos éticos que hubiese maestros que, dándole la espalda a sus propios compañeros y estudiantes, depositaran su voto por un proyecto de ultraderecha que históricamente ha estigmatizado la labor docente y ha buscado desmantelar nuestras conquistas colectivas.