Mucho se habla del segundo ciclo progresista en América Latina, pero pocas veces se han puesto de presente las concreciones que esta nueva fase ha conseguido entre los países de la región que no viraron traumáticamente hacia la ultraderecha, como otrora los gobiernos latinoamericanos de izquierda del primer ciclo, encabezados por Hugo Chávez, Lula da Silva y Rafael Correa. Quienes hicieron, en su momento, una amplia, duradera y coordinada integración regional a través de iniciativas e instituciones, hoy denostadas, como el ALBA-TCP, Mercosur y la aún vigente CELAC.

Hay un programa social que inusitadamente recorre México y Colombia: Sembrando Vida. Pero, antes de hablar sobre él, a manera de contexto y más allá de las coincidencias políticas entre Claudia Sheinbaum, en México, y Gustavo Petro, en Colombia, —su pertenencia al Grupo de Puebla y a la Internacional Progresista, así como declaraciones diplomáticas de rechazo al injerencismo de Estados Unidos y de condena al genocidio contra el pueblo palestino—, vale la pena señalar la cercanía entre ambos gobiernos, cuyos mandatarios han sostenido varios encuentros formales, de los cuales dos fueron bilaterales. El primero, con ocasión de la investidura de Sheinbaum como presidenta de México, el 1 de octubre de 2024. Meses después, a mediados de diciembre del mismo año, tuvo lugar una segunda reunión en la que se abordaron asuntos relativos a la migración, la CELAC y Donald Trump, entre otros.

Aunque en el radar de dichas interlocuciones de alto nivel no aparece la influencia directa en la adopción del referido programa entre un país y el otro, es por la implementación evidenciada en ambos países de donde resulta esta coincidencia.

Sembrando Vida en México es un programa para el bienestar, implementado desde el año 2019 por el presidente López Obrador y su gobierno de la 4T (Cuarta transformación) y continuado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, consiste en otorgar apoyos económicos y en especie a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales ubicadas en municipios con niveles de rezago social y que son propietarias o poseedoras de 2,5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) y Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con el fin de cubrir necesidades alimenticias básicas y la demanda agroexportadora.

Presente en gran parte del país, su cobertura alcanza más de 400.000 beneficiarios en una extensión de 1.139.372 hectáreas. Quienes están vinculados reciben una transferencia mensual de más de 6.000 pesos mexicanos (aproximadamente 1.200.000 pesos colombianos) además de apoyos adicionales como semillas, plantas, herramientas y otros insumos.

Una parte importante del programa es que las y los beneficiarios se integran a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde se ejecuta un plan de trabajo acordado con personal técnico, el cual incluye un proyecto productivo colectivo, mediante la instalación y manutención de viveros comunitarios, biofábricas y centros de formación.

No está de más señalar que, a diferencia de Colombia, México no sólo fue la primera república en América Latina en conseguir el reparto agrario tras la Revolución de 1910, sino que también durante las décadas subsecuentes, consolidó un sistema de propiedad social de la tierra que aún existe como lo es el Ejido y la Comunidad Agraria. Colombia, a pesar de los intentos liberales de reforma agraria con la Ley de Tierras de 1936 de López Pumarejo, la Ley 135 de 1961 que dio vía libre a la colonización campesina y la expansión de la frontera agrícola, la contrarreforma cristalizada en el Pacto de Chicoral del año 1972 y la Ley 160 de 1994 que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, entre otras, no logró grandes avances en el tema. Es solo tras el Acuerdo de Paz y con el presidente Petro, que se ha conseguido redistribuir la tierra con la entrega de 700.000 hectáreas al campesinado; la formalización de más de 2 millones de hectáreas; la restitución de tierras despojadas durante el conflicto armado, que ascienden a 8 millones de hectáreas y la firma de la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria para la administración de justicia expedita por conflictos agrarios.

Es así que, desde el año 2024 y en el marco de ese proceso de reforma agraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) viene implementando el programa Sembrando Vida con una bolsa de 280 mil millones de pesos distribuidos en dos convocatorias, dirigido a campesinos, campesinas y asociaciones beneficiarias de los predios entregados en el actual gobierno, como también a quienes habitan dentro de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA) con el propósito de cofinanciar proyectos y beneficiar a productores por un año, para la producción sostenible de alimentos y el fortalecimiento de derechos territoriales, lo cual incluye opciones de crédito barato a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Banco Agrario, además de acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos.

Aunque en ambos casos falte ampliar la cobertura y llegar efectivamente a la totalidad de pequeños y medianos productores agropecuarios, estas políticas se ven hoy reflejadas en el aporte del sector al PIB de las dos naciones. De hecho, a pesar de la guerra arancelaria emprendida por Trump y de la fuerte presión internacional que persiste por mantener la vocación agroexportadora y la reprimarización económica en los países de la región, México se ha convertido en uno de los primeros destinos de las exportaciones colombianas en algunos ámbitos pues, según el DANE, ha sido durante el periodo de Petro cuando más han crecido las exportaciones al país mesoamericano en los sectores no minero-energéticos, manufacturero y agropecuario, respectivamente.

Por su parte, en Colombia estamos a pocos días de la contienda electoral para elegir presidente de la República, para el periodo 2026-2030, las encuestas, las calles y las veredas apuntan a que Colombia tendrá un segundo gobierno progresista presidido por Iván Cepeda.

Como único escenario viable, ojalá que, además de estrechar las relaciones entre los pueblos, se fortaleciera la balanza comercial entre ambos países e incluso la idea de un tratado comercial del agro, alternativo a los ya desiguales tratados vigentes como el T-MEC de México con Estados Unidos y Canadá o el TLC de Colombia con Estados Unidos.

Solo con Cepeda como presidente es previsible un panorama alentador, máxime porque dentro de su programa de gobierno se define a Colombia como una potencia mundial agroalimentaria y a su desarrollo como una Revolución Agraria. Esperamos que el par de visitas hechas por el candidato a Claudia Sheinbaum en México fueran en esa dirección.