Dar una puñalada por la espalda es la expresión figurada para hablar de una traición, que es básicamente lo que ha venido haciendo la Unidad de Administración Especial de Servicios Públicos (UAESP) en los últimos años con los recicladores de oficio. Una traición disfrazada de apoyo y seguimiento a las organizaciones, con la que han logrado entorpecer y dividir desde adentro una lucha que los recicladores de oficio han emprendido desde hace décadas en contra del Estado y las poderosas empresas de las basuras como Lime, Promoambiental, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Hoy se le suma una más, con apariencia de benefactora, que viene invalidando y sancionando a las organizaciones y a los recicladores que se luchan su mínimo vital bolsa a bolsa, recuperando el material reaprovechable. 

La UAESP, además de pasar por encima de los recicladores de oficio, está pasando por encima de la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que el reciclaje es para los recicladores y que estos son sujetos de especial protección. Es decir, que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las alcaldías menores han venido realizando múltiples acciones que entorpecen, dificultan o niegan por completo la posibilidad de acceso a la basura a los recicladores de oficio, ¿La pregunta sería el para qué y a quién benefician?

Una de las acciones que han venido realizando hace varios meses, es el seguimiento minucioso a las organizaciones y a los mismos recicladores en sus rutas históricas; si algún reciclador se opone a esta georreferenciación, que es incluso inconstitucional, entonces no puede ser registrado. El riesgo es uno, que la UAESP se está adueñando de las rutas históricas, con la excusa de la persecución, porque se supone que el Estado no cree o dice que no entiende cómo los recicladores recuperan el material que entregan. Así mismo, el censo de carreteros está limitando la posibilidad de reciclar, son estrategias emprendidas por el distrito para ir sacando al reciclador que si no es validado por la UAESP, no es considerado como tal y se le niega su derecho al trabajo. 

La instalación de contenedores, nefastos para la cultura ciudadana y para el reciclador que encuentra allí todo tipo de desechos revueltos y que pone en riesgo su vida para poder recuperarlos. Ahora, le están negando el acceso a la basura porque la UAESP comenzó con un plan piloto en el que ha invertido $6.500 millones de pesos en la instalación de 30 contenedores soterrados, que solo pueden abrir los carros de la basura y que impiden por completo la recuperación del material.

Por último, con la excusa de los puntos limpios, de manera ilegal la UAESP también viene teniendo acceso a todo el material tipo chatarra y residuo especial, que el reciclador suele vender como coroto.

Lo más preocupante es que, con recursos públicos, le están quitando a miles de familias la posibilidad de acceder a un mínimo vital.